CAPÍTULO PRIMERO. Las Administraciones públicas como titulares del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión I. Reconocimiento progresivo de la titularidad II. Comparación con el planteamiento en Derecho constitucional alemán 1. Descripción del sistema de derechos judiciales en el Derecho constitucional alemán 2. Exposición analítica de las Sentencias del Tribunal Constitucional alemán
CAPÍTULO SEGUNDO. La peculiaridad constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva de las Admnistraciones públicas I. Formación tipológica del canon de "peculiaridad" 1. Formulación progresiva del canon de "peculiaridad" 2. Tipología de casos donde se enuncia la vigencia matizada del art. 24.1 CE 3. Ámbitos procesales sin "peculiaridades" 4. Doctrina constitucional" de la STC 175/2001 y jurisprudencia posterior II. Fundamento de la "peculiaridad" del art. 24.1 CE en relación con las Administraciones públicas 1. Incompatibilidad entre privilegios procesales de la Administra-ción y derecho a la tutela judicial efectiva 2. La innecesariedad del Juez como privilegio estructural de la Ad-ministración 3. La innecesariedad del Juez a través de la "ejecutoriedad" de las decisiones administrativas 4. La peculiaridad de la función jurisdiccional, en relación con las Administraciones públicas 5. La distinción entre "potestades" y "derechos o intereses" de las Administraciones Públicas
CAPÍTULO TERCERO. Alcance del art. 24.1 CE respecto de las Admi-nistraciones públicas I. Supuestos de disfrute pleno del derecho a la tutela judicial efecti-va 1. Personificación jurídico-privada 2. Mandato o autorización legal de sometimiento al Derecho priva-do y a los órdenes jurisdiccionales correspondientes 3. Decisión legal a favor de un foro procesal común 4. Ausencia de ejecutoriedad en resoluciones administrativas 5. Condición de demandante en el proceso contencioso-administrativo 6. Acusador particular y responsable civil en el proceso penal II. Supuestos donde las Administraciones públicas disfrutan de for-ma limitada del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefen-sión III. Privilegios procesales específicos no garantizados por el derecho a la tutela judicial efectiva 1. Especialidades comunes a todos los procesos 2. Especialidades de las Administraciones públicas en los distintos órdenes jurisdiccionales
CAPÍTULO CUARTO. Garantía del derecho fundamental del art. 24.1 CE mediante el recurso de amparo constitucional I. Legitimación para la defensa de derechos fundamentales propios II. Falta de legitimación para la defensa de derechos fundamentales de los ciudadanos
CAPÍTULO QUINTO. Exposición analítica de los derechos del art. 24.1 CE en relación con las Administraciones públicas I. Derecho de acceso a los Tribunales 1. Respecto de los órganos judiciales 2. Frente al legislador II. Derecho a no sufrir indefensión 1. Llamamiento al proceso 2. Audiencia debida en el proceso 3. Incongruencia por exceso III. Derecho a una resolución congruente y fundada en derecho sobre el fondo del asunto 1. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 2. Derecho a la ausencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente en la resolución que pone fin al litigio 3. Derecho a una resolución que no incurra en incongruencia omisi-va IV. Derecho a la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales fir-mes V. Derecho a la ejecución de sentencias en sus propios términos
CAPÍTULO SEXTO. Una propuesta en Derecho
Resumen
Estudio analítico de la jurisprudencia constitucional proveniente de demandas de amparo formuladas por Administraciones públicas, antes y después de la trascendental STC 175/2001, de 29 de junio. En el libro de desglosan las distintas vertientes o derechos contenidos en el art. 24.1 CE y se precisa en qué medida dichos derechos son invocables por una Administración pública.
Hasta la fecha el Tribunal Constitucional ha resuelto noventa y cinco procesos de amparo en los que el demandante era una Administración pública que invocaba el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). En 2001 el Pleno del Tribunal avocó un amparo al Pleno y estableció, en la STC 175/2001, Caldes d'Estrac, la "doctrina constitucional" sobre esta cuestión. Declara el Tribunal, como regla de principio, que las Administraciones públicas sólo disfrutan del derecho a la tutela judicial efectiva en los casos excepcionales que enumera la propia sentencia. Al abrigo de este enunciado general se hace necesario tipificar con precisión los supuestos en que rige -o no- el art. 24.1 CE. Para ello este libro se adentra en la ratio última de la doctrina constitucional y a partir de ahí precisa, uno a uno, el alcance de cada uno de los derechos que derivan del citado artículo, cuando quien lo invoca es una Administración pública.
