TORIBIOS FUENTES, FERNANDO
. INTRODUCCIÓN
PARTE PRIMERA. DEUDA Y RESPONSABILIDAD. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL EX ARTÍCULO 1911 CC Y EL PROCESO DE EJECUCIÓN
El principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 CC
2. Deuda y responsabilidad
3. Caracteres de la responsabilidad del artículo 1911 CC
4. Responsabilidad patrimonial universal y proceso de ejecución
PARTE SEGUNDA. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Capítulo I. ?Investigación patrimonial y tutela judicial efectiva
1. Tutela judicial efectiva y derecho a la ejecución
2. El derecho a recibir auxilio judicial para localizar bienes del ejecutado
Capítulo II. ?Investigación patrimonial e intimidad económica
1. Consideraciones generales
2. Noción de intimidad
3. La intimidad informacional
4. ¿Existe la denominada «intimidad económica»?
5. El supuesto especial de las personas jurídicas
6. El caso de los extranjeros
7. La injerencia en la intimidad patrimonial del ejecutado con ocasión del proceso de ejecución civil
8. El problema del carácter no orgánico de los artículos 589 a 591 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Capítulo III. ?Investigación patrimonial y protección de datos de carácter personal
1. El derecho fundamental a la autodeterminación informativa
2. Datos patrimoniales y proceso de ejecución
3. La imposición de cargas informativas al ejecutado en el proceso de ejecución
4. Cesión de datos patrimoniales por parte de terceros
5. El uso de los datos patrimoniales a los exclusivos fines de la ejecución y sus excepciones
PARTE TERCERA. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y PROCESO CIVIL
Capítulo I. ?La investigación patrimonial en el proceso civil
1. La ejecución por subrogación
2. Noción de investigación patrimonial
3. La eficacia de la ejecución y la investigación patrimonial
4. La investigación patrimonial como antecedente lógico y jurídico del embargo
5. La investigación patrimonial y la estructura del embargo
6. Los distintos modelos de investigación patrimonial
Capítulo II. ?La evolución legislativa de la investigación patrimonial en el orden civil
1. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855
2. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
3. La Constitución de 1978
4. La Ley 34/1984, de 6 de agosto
5. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
6. La Ley 25/1995, de 20 de julio
7. Ley 13/1996, de 30 de diciembre
8. La Ley 51/1997, de 27 de noviembre
9. La Ley 66/1997, de 30 de diciembre
10. El Convenio de colaboración de 27 de mayo de 1998, entre el CGPJ y el Ministerio de Economía y Hacienda
11. El Convenio de colaboración de 14 de julio de 1998, entre el CGPJ y la Dirección General de Tráfico
12. La Ley 40/1998, de 9 de diciembre
13. La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
14. El Convenio de colaboración de 17 de marzo de 2003, entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina
15. Los diversos Convenios de colaboración celebrados a lo largo de los años 2003 y 2004, entre el CGPJ, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina, con las Comunidades Autónomas de Galicia, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña
16. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
17. La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial
18. El Convenio de colaboración de 24 de febrero de 2004, entre el CGPJ y el Registro Mercantil Central
19. El Convenio de colaboración de 9 de julio de 2007, entre el CGPJ y la Dirección General del Catastro
20. Los dos Convenios de colaboración de 16 de noviembre de 2007, entre el CGPJ y la Asociación Española de Banca, y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
21. El Convenio de colaboración de 3 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España
22. El Convenio de colaboración de 17 de diciembre de 2007, entre el CGPJ y el Servicio Público de Empleo Estatal
23. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial
24. El Convenio de colaboración de 7 de septiembre de 2010, entre el CGPJ y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
25. Breve referencia a otros órdenes jurisdiccionales
26. Conclusiones: la inexistencia de un modelo de investigación patrimonial único
Capítulo III. ?La investigación patrimonial en el Derecho comparado
1. Consideraciones preliminares. La multiplicidad de modelos indagatorios
2. Derecho alemán
3. Derecho francés
4. Derecho portugués
5. Breve referencia a otros modelos legislativos
PARTE CUARTA. LA DETERMINACIÓN INTRAPROCESAL DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR
Capítulo I. ?La manifestación de bienes del ejecutado
1. Concepto y naturaleza jurídica
2. Precedentes históricos y legislativos
3. La tramitación parlamentaria del art. 589 LEC
4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009
5. La constitucionalidad del requerimiento al ejecutado
6. Presupuestos para su aplicación
7. Ámbito subjetivo del deber de manifestar bienes
8. Ámbito objetivo del deber de declarar: el contenido del requerimiento
9. Práctica del requerimiento
10. La contestación al requerimiento
11. La oposición del ejecutado a la manifestación de sus bienes
12. El incumplimiento o cumplimiento defectuoso del deber de manifestar bienes
Capítulo II. ?La colaboración forzosa de terceros en la investigación procesal del patrimonio del ejecutado
1. Del art. 1454 de la LEC de 1881 a los artículos 590 y 591de la actual LEC
2. La tramitación parlamentaria del art. 590 LEC
3. La tramitación parlamentaria del art. 591 LEC
4. Las reformas introducidas por la Ley 13/2009
5. El ámbito objetivo de la investigación
6. El ámbito subjetivo de la investigación: las personas obligadas a colaborar
7. Presupuestos y requisitos para su aplicación
8.
La grave crisis en la que estamos inmersos y la multiplicación de las reclamaciones crediticias que ha generado, han puesto de relieve la necesidad de contar con información patrimonial sobre los ejecutados. Gran parte de la eficacia de los procesos de ejecución descansa en la obtención, de forma rápida, fiable y fluida, de titularidades de los deudores. Pero conseguir dicha información dista de ser una tarea sencilla, pues son múltiples los registros, archivos y bases de datos, públicos y privados, accesibles o no para el ejecutante, en los que constan datos patrimoniales, con un dispar régimen jurídico.
Conocer dónde se encuentra la información, los entresijos para obtenerla y contrastarla, se revela esencial en el momento actual, en el que el éxito o fracaso de un proceso de ejecución depende directamente de la localización de solvencias de los deudores.
La presente obra viene precisamente a colmar esa necesidad: analizar de forma minuciosa y rigurosa los vericuetos procesales y administrativos que el acreedor ha de sortear para lograr el cobro de los créditos reclamados.
El trabajo está especialmente dirigido a operadores jurídicos que desarrollan su actividad en los procesos de ejecución, tales como procuradores, secretarios judiciales, abogados y entidades financieras.
