TEROL BECERRA
Indice
INTRODUCCION
I. LAS PARTES
1. El demandante
2. El demandado
3. Partes accesorias
II. LA SOLUCION INSTITUCIONAL DE LOS CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIA
ANTERIOR A LA APERTURA DEL PROCESO
1. El requerimiento de incompetencia
2. La fórmula prevista en el art. 69 de la LORAFNA
III. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO. ADMISION A TRAMITE DEL CONFLICTO
1. La legitimación activa
2. El plazo para la interposición
3. El contenido del escrito de planteamiento
3.1. Cuando es accionado por una Comunidad
Autónoma
3.2. Cuando es accionado por el Estado
4. La falta de jurisdicción
IV. LA SUSPENSION DE LA DISPOSICION RESOLUCION O ACTO CAUSANTE DEL CONFLICTO
1. La suspensión prevista en el art. 64.2 LOTC
1.1. La verificación de la voluntad del Gobierno de la Nación
1.2. El pronunciamiento sobre la ratificación o el levantamiento de la
suspensión
2. La suspensión contemplada en el art. 64.3 LOTC
V. LA ACUMULACION
VI. EL OBJETO DEL PROCESO
1. La pretensión
1.1. El fundamento de la pretensión
1.1.1. El presupuesto generador del conflicto
1.1.1.1. Su naturaleza jurídica
1.1.1.2. La pura vía de hecho: una excepción razonable, las sentencias 102
y 158/88
1.1.2. El vicio de incompetencia. La insuficiencia de rango
1.1.3. Actualidad e inmediatez de la invasión competencial
1.2. La motivación de la pretensión
1.3. El petitum
2. La oposición a la pretensión
3. La controversia
VII. TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO
1. La renuncia
2. La caducidad
3. El desestimiento
4. La satisfacción extraprocesal de la pretensión
5. El allanamiento
VIII. LA SENTENCIA O FORMA NORMAL DE TERMINACION DEL PROCESO
1. Requisitos objetivos: La congruencia
2. El contenido de la sentencia
2.1. Elementos comunes a todo tipo de sentencia
2.1.1. Alcance de la declaración respecto a la titularidad de la competencia
2.1.2. Límites al contenido de la sentencia impuestos por el art. 66 LOTC
2.2. Sentencias desestimatorias
2.3. Sentencias estimatorias
2.3.1. Quiebras a la anulación de disposiciones, resoluciones o actos
viciados de incompetencia
2.3.1.1. Supuestos de disposiciones estatales
2.3.1.2. Supuestos de disposiciones de eficacia limitada en el tiempo
2.3.2. La decisión sobre las situaciones fácticas o jurídicas generadas por
la disposición, resolución o acto anulados
2.4 Los tipos intermedios
2.4.1. Sentencias interpretativas
2.4.2. Sentencias de interpretación genérica de la disposición causante de
la controversia competencial
2.4.3. Sentencias manipulativas
3. Efectos jurídicos procesales de la sentencia
3.1. La firmeza
3.2. La cosa juzgada
3.2.1. Requisitos de la cosa juzgada
3.2.2. Límites de la cosa juzgada
3.2.2.1. Límites subjetivos
3.2.2.1.1. Identidad de sujetos
3.2.2.1.2. Eficacia erga omnes
3.2.2.1.3. La vinculación frente a todos los poderes públicos
3.2.2.2. Límites objetivos
3.2.2.2.1. El mismo petitum
3.2.2.2.2. La misma causa de pedir
3.2.2.3. Límites por razón de la actividad
3.2.3. Efectos de la cosa juzgada
IX. EL PRECEDENTE
X. RELACION DEL CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA CON OTROS PROCESOS
CONSTITUCIONALES
1. Conflicto positivo de competencia y recurso de inconstitucionalidad
1.1. La especificidad del recurso de inconstitucionalidad
1.2. La complementariedad. El incidente de constitucionalidad
1.2.1. El iter procedimental
1.2.2. Sus efectos
2. La proximidad del conflicto positivo de competencia con el proceso
previsto en el Título V de la LOTC
BIBLIOGRAFIA
Este trabajo pretende acometer de manera sistemática la variada gama de cuestiones que se suscitan en torno al conflicto positivo de competencia, uno de los procedimientos constitucionales que ha dado lugar al desarrollo legislativo de ésta última atribución del Tribunal Constitucional contemplada en el art. 161.1 c) de la Constitución. Ha sido la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la que ha concluido por configurarlo como un instrumento para la solución del género de controversias competenciales que enfrentan a Estado y Comunidades Autónomas, o a éstas entre sí, a causa de una disposición, resolución o acto sin fuerza de ley, que se convierte en objeto del juicio que efectúa el Tribunal con la finalidad de determinar a qué contendiente pertenece la titularidad de la competencia. Se tiene presente en todo momento en el análisis del estudio la jurisprudencia constitucional relativa al tema.