COBO DEL ROSAL
I. Improcedencia democrática del delito de ?calumnias? contra clases determinadas del Estado, en la Constitución española.
II. Sobre la lesión al derecho fundamental al honor y a la intimidad personal a través de bandos municipales y la Constitución española y su contradicción con un concepto del Estado como Estado democrático de Derecho.
III. Sobre el denostado delito de desacato y sobre el derecho fundamental a valerse de pruebas de descargo.
IV. Sobre la prevaricación judicial: Admisión de querella contra jueces y magistrados, juez ordinario predeterminado por la Ley, utilización de los medios de prueba pertinentes, y proscripción de la indefensión y proceso con todas las garantías.
V. Sobre el delito fiscal: Principio de legalidad y retroactividad de las leyes penales más favorables, con especial referencia a las leyes penales en blanco.
VI. Sobre el principio de la legalidad en materia penal, retroactividad de la Ley penal más favorable y el derecho a la doble instancia. Sobre el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
VII. Sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y su improcedente y universalista y equivocada concepción.
VIII. Sobre el derecho a la presunción de inocencia y a comunicar o recibir libremente información veraz.
IX. La presunción de inocencia y el antiguo delito de fraudes de los funcionarios públicos.
X. Principio de legalidad y retroactividad de la Ley penal más favorable en los delitos de contrabando de tabaco. Sobre el derecho fundamental a la igualdad en la aplicación de la Ley.
XI. Sobre el principio acusatorio y la presunción de inocencia, la proscripción de la indefensión en el delito de prevaricación como medio para cometer un delito contra la libertad y seguridad en el trabajo.
XII. Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la proscripción de la indefensión. Principio acusatorio en el delito de falsedad en Derecho mercantil.
XIII. Sobre el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, declinatoria de jurisdicción, principio de territorialidad y Constitución.
XIV. Sobre declinatoria de jurisdicción, derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley y tutela judicial efectiva, principio de territorialidad en el delito contra la salud pública, delitos de depósitos de armas y tenencia ilícita de armas y delito contra la Hacienda pública.
XV. El derecho fundamental a la libre designación de un abogado de la elección del imputado.
XVI. Carencia de jurisdicción por el Juzgado de Instrucción en el delito de tenencia ilícita de armas y prohibición de que en el proceso tenga el Ministerio Fiscal una doble posibilidad acusatoria (Recurso de Casación).
XVII. Sobre el derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria del artículo 18.2 de la Constitución y defectuosa resolución judicial autorizante en delito contra la salud pública.
