La financiación irregular de los partidos políticos es consentida por la ley? ¿Existe una voluntad parlamentaria de cambiar la normativa actual? ¿Qué hay de cierto en la afirmación de que en España no es delito la financiación ilegal? ¿La "Tangentopoli" italiana de los años 90 nos debe hacer pensar? ¿Qué necesidad tienen los propios políticos de modificar unas leyes "cómodas"? A todos estos interrogantes intenta dar respuesta la presente obra. Partiendo de la normativa sobre la financiación de los partidos políticos para centrarse, después, en la financiación electoral, el libro se adentra en los circuitos económicos partidistas, con el fin de reflejar qué comportamientos llevarán como lógica consecuencia la sanción penal del Estado. Tomando como ejemplo la experiencia italiana, se llega a la conclusión de que, se quiera o no, la financiación pública genera problemas de corrupción. En nuestro país ejemplos no faltan. Siguiendo el estudio técnico-jurídico de la legislación electoral, en las páginas de este libro se hace un detallado análisis de los únicos delitos electorales que, verdaderamente, afectan a la financiación: la apropiación indebida y la falsedad en cuentas. En definitiva, una obra en la que se reflexiona sobre el derecho penal como instrumento idóneo para mediar en los conflictos sociales, derivados de las desviaciones del sistema político. Una herramienta útil con la que medir el nivel de desarrollo y la funcionalidad del aparato democrático.
